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Diputados de las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) presentaron un nuevo proyecto de ley que pretende una reforma a la Ley General de Contratación Pública.
La iniciativa, según los proponentes, busca corregir inconsistencias, aclarar disposiciones y permitir una mayor flexibilidad en los procedimientos sin dejar de garantizar el mejor uso de los recursos públicos y un ambiente de contratación más justo y eficiente.
La propuesta busca modificar las disposiciones relacionadas con las prohibiciones para participar en los procesos de contratación, con el fin de que este régimen únicamente aplique en los casos en donde existe un potencial perjuicio al interés público.
La propuesta aclara que el Sistema Digital Unificado de contratación pública es un instrumento subordinado a la Ley y su reglamento, por lo que no puede limitar o modificar lo regulado en estos.
Los legisladores aseguran que este proyecto “puntualiza varios aspectos relacionados con plazos, como la afectación que genera la modificación al pliego de condiciones del plazo para dictar acto final, los plazos de notificaciones, la diferencia entre reprogramación y prórroga y el plazo que tiene la Administración para resolver sobre un reajuste o reclamo administrativo”.
Dijeron que la iniciativa define con mayor precisión los criterios para la aplicación de multas y cláusulas penales a los contratistas en caso de incumplimiento.
“La nueva redacción introduce la posibilidad de la dación en pago como forma de cubrir sanciones y establece límites claros a las multas en función de la utilidad del contratista, para garantizar la viabilidad financiera de las contrataciones”, explicó la liberacionista Paulina Ramírez.
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Carlos Mora